El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que incluye en nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Europeas de contratación en dicho sector y que pretende disminuir la corrupción y aumentar la transparencia. Esta Ley, aprobada por el Pleno del Congreso, ha entrado en vigor hoy mismo y quizás lo que usted no sepa es que con ella puede habérsele dado la puntilla al maltrecho y moribundo sistema de I+D español.

Voy a explicárselo de manera muy simple y clara poniéndome de ejemplo. Yo soy científico en el CSIC, uno los organismos públicos de investigación que existen en España. Lidero un proyecto financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el que investigo como identificar de forma precoz una bacteria de nuestra microbiota (flora) intestinal cuya presencia está asociada con una mayor predisposición de sufrir cáncer colorrectal. Pretendo también ser capaz de eliminarla de forma dirigida sin utilizar antibióticos. Trabajo en un instituto de investigación pequeño, y para mí es esencial externalizar ciertos análisis utilizando tecnologías de las que no dispongo en mi centro. Para que se hagan una idea, este tipo de análisis del que les hablo se llama RNASeq y viene a costar unos 5000 €. Para este proyecto he solicitado y se me ha aprobado un presupuesto de 50000 €.

En mi caso realizo este análisis con un laboratorio italiano porque su relación calidad/precio es inmejorable, y no soy el único en mi centro en utilizarlo. Usar otro proveedor sería comprometer la calidad de análisis posteriores y no optimizar los escasos recursos que tengo para investigar. Resulta que la nueva Ley establece que los contratos de suministros o servicios cuyo valor estimado sea superior a 15000 € han de ser licitados públicamente. Y resulta también que mi centro ya ha alcanzado ese importe de facturación con ese proveedor, así que no podemos seguir pasándole facturas. En la práctica implica que, ahora mismo, he tenido que parar mi investigación y a día de hoy desconozco si este año podré continuar con el proyecto de la AECC.

Esta Ley podrá ser de utilidad en otros ámbitos del sector público, pero es nefasta para la ciencia, ya que implica procesos negociados de contratación, públicos por supuesto, pero que pueden llevar varios meses  de burocracia implicando una parálisis total de los proyectos de investigación. Piensen que el ejemplo que les he puesto reza para cualquier otro suministro, cualquier otro servicio o análisis que supere ese importe durante un año para cada uno de los centros de investigación españoles. Piensen ahora en la diversidad de técnicas y suministros que manejamos en ciencia; me atrevería a decir que esta Ley afecta a casi todo lo que necesita un centro de investigación para funcionar. Su aplicación no sólo va a paralizar proyectos durante meses, sino que va a conllevar una carga burocrática extra que es no sólo inaceptable sino inasumible para la comunidad científica. Si la gestión de la ciencia debiera ser ágil y flexible, esta Ley sólo nos aporta más trámites, rigidez y lentitud... y hartazgo.

Quienes nos dedicamos a la ciencia conocemos esta Ley bien, la llevamos esperando 4 meses. Hace tiempo que desde distintas sociedades, fundaciones y agrupaciones científicas se viene denunciando que el modelo de gestión de la investigación en este país sólo consigue ahogarla, haciendo que en la práctica no se puedan ejecutar una gran parte de los fondos destinados a investigación, y que centros perfectamente solventes no puedan disponer de sus fondos para investigar. No piensen que nosotros, científicos y científicas, no queremos cumplir la ley. No piensen tampoco que no queremos ser transparentes en lo que hacemos, ni que tampoco queremos rendir cuentas. Lo que queremos es otro modelo de gestión para la ciencia en nuestro país, que maximice la generación de conocimiento, su transferencia a la industria y a la sociedad incrementando la participación de todos los actores implicados en este proceso. Queremos situar España en el nivel científico que le corresponde, el que reclamaba Santiago Ramón y Cajal, y queremos que usted se beneficie de ello.

Mientras trato de ver cómo puedo seguir con mi proyecto, le pido que firme esta petición y que me permita entregársela a nuestro gobierno. Piense que esta Ley no sólo le atañe a los científicos, ataca de lleno a nuestro futuro como país, por lo que considero que le atañe también a usted, a su futuro y al de los suyos.