Los y las abajo firmantes, académicos e investigadores de México y de otros países, manifestamos nuestra preocupación y consternación por la reubicación injustificada a otros estados de la república de dos PhD. investigadoras catedráticas CONACYT que participaban en un proyecto colectivo sobre violencia de género, violencia feminicida y feminicidio en Chiapas, desarrollado desde el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), instituto de investigaciones sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).[1]  Esta acción, promovida por las más altas autoridades universitarias, constituye una advertencia intimidatoria no sólo para el personal de la UNICACH, sino para todos aquellos y aquellas que trabajan en las instituciones mexicanas de educación e investigación, y establece un precedente de impunidad ante la violación a los derechos de libertad de expresión, pensamiento, investigación y cátedra. Constituye, además, una represalia por la digna actitud de la comunidad académica del CESMECA que se opuso a que la UNICACH otorgara un honoris causa al máximo militar de México, y busca ser castigo ejemplar para quienes respaldan una cultura académica horizontal, de debate respetuoso y de colaboración franca.

Este no es un caso aislado. Exigimos que en las entidades educativas y de investigación del país las malas prácticas cesen: que los proyectos institucionales con sentido social se respeten, que las diferencias en las categorías laborales no sean pretexto para el ejercicio abusivo del poder y que se valoren la reflexión crítica, la investigación comprometida y el sentido humanista de todas las ciencias.

Es ineludible interpretar lo ocurrido como un mensaje de intimidación a todas las y los catedráticos y otros académicos en México. En los estudios de la violencia hacia las mujeres es común analizar todas las formas de violencia perpetradas contra ellas en una sociedad patriarcal: la violencia física, por supuesto, pero también la psicológica, la económica y la estructural. En este sentido, no es ir demasiado lejos definir como una forma de violencia contra las mujeres la obstaculización de un proyecto de investigación científica –caracterizado como ejemplar por el propio equipo de evaluación de CONACYT– dedicado a estudiar las causas de la violencia contra las mujeres y del feminicidio. Siendo el feminicidio uno de los más graves problemas que actualmente tiene el país, esto es de una gran irresponsabilidad.

Decimos NO al autoritarismo y al clientelismo en la academia, y decimos NO a la represión del espíritu pacifista en un país que se está desgarrando por la violencia.

¡SI TOCAN A UNAS, NOS TOCAN A TODOS Y TODAS!

Firmamos:

Académicos/as, investigadores y investigadoras de México y del mundo,

[1] http://www.jornada.unam.mx/2018/03/09/sociedad/040n1soc