Más de 1.000 instituciones deberían tener que cerrar sus puertas si las Obras Sociales, el PAMI, la CONADIS y el Ministerios de Salud no cumplen con los atrasos en los pagos, que en algunos casos llegan a los 6 meses. A esto se le suma la extremada necesidad de una actualización arancelaria.

90.000 personas trabajan todos los días en atender a las Personas con Discapacidad en todas las provincias de la Argentina. Hogares, Escuelas, Centros de Día, Centros de Rehabilitación, Centros Educativos-Terapéuticos, Estimulación Temprana, Transporte y otros servicios.

Todos sentimos la angustia y el peso de la responsabilidad de encontrar una respuesta, de hacer escuchar la voz de estas 100 mil personas, como parte de una familia, el peso de una deuda de la que nadie habla, de la que nadie quiere saber; pero los que más sufrirían de concretarse el cierre de las instituciones son las Personas con Discapacidad, quienes se sienten angustiadas, nerviosas, sufriendo por lo que puede pasar con el lugar en que se encuentra recibiendo atención y sus familias, sienten la impotencia, apartados de esta sociedad en la que viven con años de dolor,  de lucha, de injusticia de tratos humillantes.

Por eso le pedimos una urgente resolución a los responsables: Dr. JUAN MANZUR (Ministro de Salud de La Nación), la Prof. SILVIA BERSANELLI (Presidenta del directorio del Sistema Único de Atención a Personas con Discapacidad – CONADIS -) y el Dr. LUCIANO DICESARE (Interventor del PAMI), quienes:

NO VEN - LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN LAS INSTITUCIONES Y TRANSPORTES QUE PRESTAN SERVICIOS A  100.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

NO ESCUCHAN- a personas con discapacidad, familiares y más 1.000 instituciones que reclaman desde octubre de 2013 una recomposición de aranceles que permita su sustentabilidad y continuidad en los servicios que brindan. 

NO ENTIENDEN QUE PONEN EN RIESGO 90.000 PUESTOS DE TRABAJO QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN DERECHO.

Gracias